Unitarios y federales

Durante casi setenta años, la Argentina se dividió en dos bandos con nombres que hoy suenan técnicos y aburridos: unitarios y federales.

No lo eran. Detrás de esas dos palabras había una guerra que dejó decenas de miles de muertos.

En su formulación más simple, la diferencia era esta. Los unitarios querían un gobierno central fuerte, con sede en Buenos Aires, que decidiera por todo el país. Los federales querían que cada provincia se gobernara a sí misma y que la unión fuera un acuerdo entre iguales.

Pero si la discusión hubiera sido solamente sobre organización institucional, se habría resuelto escribiendo una constitución. No fue el caso, porque debajo había otras cosas.

La primera y más importante era el dinero. Buenos Aires tenía el único puerto habilitado y cobraba los impuestos de todo el comercio exterior. Ese dinero no se repartía. Las provincias del interior consideraban que esa ventaja era injusta, y no estaban dispuestas a aceptar un gobierno central que la dejara intacta.

La segunda era el modelo económico. Abrir el comercio con Europa beneficiaba al puerto y perjudicaba a los talleres del interior, que no podían competir. Se discutía si convenía abrir o proteger.

La tercera era cultural y religiosa. Los dirigentes unitarios eran liberales, admiraban a Francia e Inglaterra y querían reformar la Iglesia y reducir su poder. En el interior, mucho más católico y tradicional, esas medidas se vivían como un ataque.

Conviene decir algo sobre los caudillos, que es la palabra con que se nombra a los jefes federales de las provincias.

Durante mucho tiempo se explicó todo el conflicto por su ambición personal: hombres que arrastraban gente detrás de sus intereses. Pero miles de personas no pelean durante décadas por la ambición de otro. Si seguían a un caudillo era porque representaba sus ideas, o los intereses de su región, o porque esperaban algo de él.

Sus fuerzas se llamaban montoneras: caballería irregular, gente del campo con sus propios caballos, muy móvil, sin uniformes ni disciplina de cuartel. Eran difíciles de derrotar porque se dispersaban y volvían a juntarse.

En 1826 los unitarios intentaron resolver el problema por decreto.

El congreso reunido en Buenos Aires creó el cargo de presidente y eligió a Bernardino Rivadavia, y poco después sancionó una constitución unitaria. Casi todas las provincias la rechazaron.

Hay un episodio de esos años que muestra hasta qué punto la política y los negocios estaban mezclados.

Facundo Quiroga, el caudillo riojano, era el principal accionista de una empresa que explotaba las minas del Famatina. Rivadavia dirigía una empresa rival y, como presidente de la República, le adjudicó a su propia empresa los derechos exclusivos sobre esos mismos yacimientos.

Quiroga se lanzó a la guerra. Tenía otras razones —la constitución, las reformas religiosas—, pero esa fue una de ellas.

Rivadavia terminó renunciando, el congreso se disolvió y en Buenos Aires asumió como gobernador el federal Manuel Dorrego, que anuló la constitución unitaria.

Y entonces pasó lo que hizo imposible cualquier acuerdo durante veinte años.

En diciembre de 1828, un grupo de oficiales unitarios al mando del general Juan Lavalle derrocó a Dorrego, lo persiguió, lo capturó y lo fusiló sin juicio.

Fusilar a un gobernador elegido cambió la naturaleza del conflicto. A partir de ahí, la guerra civil se volvió personal y sangrienta, con ejecuciones de prisioneros como práctica habitual en los dos bandos.

Los números finales dan una idea del costo. Se calcula que las guerras civiles argentinas dejaron alrededor de veinte mil muertos en los campos de batalla, casi todos hombres adultos, y cientos de miles de viudas y huérfanos.

En un país que entonces tenía muy poca población, eso significa que un tercio de las familias perdió a alguien.